Una de las corrientes más conocidas de las políticas públicas de género es el que tiene como origen el enfoque de igualdad de oportunidades. Este plantea que las desigualdades se construyen a partir de la ventaja inicial asociada al género que favorece a los hombres en las distintas estructuras sociales (familia, mercado y Estado). Una de las intervenciones en políticas públicas de género más frecuentes y a la vez más polémicas es la denominada “Acción afirmativa” y deriva de este enfoque.
Al reconocer que las desigualdades de inicio determinan la desigualdad de acceso a los beneficios del desarrollo, el enfoque de oportunidades “promueve el diseño de medidas que permitan “igualar” la condición de mujeres y hombres. Se trata de las llamadas “acciones positivas”: normas legales, decisiones judiciales, políticas públicas o directrices que buscan acelerar la igualdad sustantiva o de facto entre mujeres y hombres, corrigiendo situaciones de desequilibrio que son consecuencia de prácticas y sistemas sociales discriminatorios” (Incháustegui, 2009).
Estas medidas tienen como fin igualar las condiciones de acceso al mercado y a las esferas de decisión del Estado, a partir del reconocimiento de las diferencias que, de origen, tienen hombres y mujeres originado por estructuras y sistemas sociales que generan prácticas discriminatorias.
Estas medidas suponen que la modificación de las condiciones de partida generará dinámicas de cambio que permitirán modificar las condiciones de desigualdad. Es decir, al tener un mayor acceso de las mujeres al mercado de trabajo y al poder, deberían modificar los sistemas sociales que determinan estas desigualdades, con lo que se espera que en el tiempo estos cambios generen un impacto estructural que signifique la superación de las causas de la desigualdad.
Es por esto que estas medidas se consideran de carácter temporal. No olvidemos que estos procesos de transformación son lentos, por lo que la permanencia de estas políticas no tiene un comportamiento preestablecido, ya que dependen del ritmo de los cambios sociales.
El enfoque de género incorporado al pensamiento del desarrollo, introduce la categoría del género para explicar la persistencia de la desigualdad y pobreza por el orden de género, es decir, por las estructuras, procesos e instituciones que diferencian el papel de los dos sexos en las responsabilidades de la familia, el mercado y el Estado.
Esta visión de incluir el género en todas las esferas de las políticas públicas posibilita la creación de una amplia variedad de herramientas, metodologías y técnicas que permiten abordar e incluir la perspectiva de género en el ciclo de diseño, implementación, operación y evaluación de las intervenciones públicas.
Fuente de la imagen:http://www.cepal.org/oig/
